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El Tribunal Supremo ha resuelto que el hecho de que representantes del Partido Socialista se hayan reunido públicamente con representantes de Batasuna, formación ilegalizada, no es un delito. El Supremo sitúa la aceptación o el rechazo de estos encuentros en el plano de lo político, específicamente en el ámbito del control parlamentario de la acción de gobierno. La resolución del Tribunal Supremo me parece óptima. Dicho esto, quisiera hacer algunas precisiones.

Esta resolución trae causa de una querella presentada por el sindicato "Manos Limpias". Hasta donde sé este sindicato no tiene ningún representante electo por los funcionarios, a los que se dirige. Según su página web sólo realiza cierta actividad dentro del Ayuntamiento de Madrid, y una anecdótica en la Comunidad de Madrid, con denuncias dirigidas contra los hombres de confianza del alcalde madrileño y archienemigo de la línea más dura del PP.

No comprendo que un sindicato, además de la defensa de los trabajadores, diga que se ha constituido como una especie de heraldo contra la corrupción. Tengo la impresión, lo mismo confundida, de que si uno quiere hacer eso debe fundar una asociación o una fundación y no un sindicato. Un sindicato ha de dedicarse ante todo a las actividades propias de este tipo de colectivos, porque de lo contrario le sería de aplicación la doctrina societaria del "levantamiento del velo".