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Ya ha pasado el verano. Al menos el verano vacacional, que no el meteorológico. Volvemos todos a donde estamos, queramos o no. Volvemos a construir Internet con nuestras opiniones.

La última semana de agosto ha tenido una noticia dominante en el plano político y cultural: la dimisión de Rosa Regás como directora de la Biblioteca Nacional. Creo que el nombramiento de esta señora fue una de las peores decisiones del Gobierno de Zapatero cuando comenzó su gestión.

En nuestro país se confunde al intelectual con el escritor y se piensa que un escritor es una especie de sabio que sabe de todo, cuando su mérito generalmente es expresar lo que realmente nunca ha existido. La consecuencia es que diferentes gobiernos han puesto a especialistas en la ficción a gestionar algo tan real como es la Biblioteca Nacional (como también fue el caso de Luis Alberto de Cuenca con el PP).

Por otro lado Rosa Regás representa una forma de izquierda de la que me encuentro muy distante. Una izquierda que no es una ideología o pensamiento para la mayoría, sino para determinadas minorías y que nunca cuestiona el “status quo”, porque sus sostenedores son unos de los que se benefician de ese sistema.

El nuevo ministro de Cultura se dijo a Regás que en tres años no había hecho nada y posiblemente esto haya sido cierto, pues un ministro suele tener buena información sobre su departamento. Todo ello se ha unido a la pérdida de determinado material de bastante valor patrimonial en las propias salas de la Biblioteca. Regás se ha intentado disculpar diciendo que eso ha pasado antes y también sucede en otras bibliotecas similares, pero esto es además un reconocimiento del hecho también es de la incompetencia, porque cuando se nombra a alguien para un puesto es para que las cosas mejoren respecto al pasado, no para que todo siga igual, y para tomar lo mejor de otros lugares, no su indolencia respecto al robo de material.

Regás debe darse cuenta de que la política no es escribir contra el adversario, ya que cuando se ha dejado la oposición hay que hacer infinidad de cosas, en cada una de las áreas de la Administración. Política no es decir solamente que la derecha es malísima y herederos del Franquismo, sino que hay que demostrar que la otra opción es mejor gestora, beneficia a la mayoría y es preferible a la hora de las elecciones, incluso cuando se esté entre millones de libros y millares de investigadores.

¿Por qué llamar “Gobierno de España” al Gobierno de España? Ésta es la estúpida pregunta que el portavoz del PP en el Senado va a hacerle al Presidente del Gobierno en la sesión de control de esta semana. Él quiere decir que el lema utilizado en la publicidad institucional es reiterativo, porque efectivamente el Gobierno de España es el “Gobierno de España” y parece, en opinión de los populares, que el Presidente lo ha descubierto ahora.

Lo que sí uno tiene la impresión de que durante los ocho años de gobierno popular, la unificación de la publicidad institucional no mencionaba ni “gobierno”, ni “España”, sino una abstracción tal como “Administración General del Estado” (en siglas, AGE). Durante la presidencia de Aznar no había gobierno, sino una cosa como la AGE que nadie sabía qué era.

Si al portavoz popular le parece tan mal llamar “Gobierno de España” al Gobierno de España, puede plantear esa misma pregunta en el Ayuntamiento de Madrid, que se denomina “Ayuntamiento de Madrid”, en las Cortes aragonesas, pues el Gobierno de Aragón” se autodenomina siniestramente como “Gobierno de Aragón”. Pueden presentar miles de preguntas en todos los municipios del país y en todas las comunidades autónomas, porque todas estas administraciones se llaman a sí mismo con el topónimo de su territorio.

Puede que realmente los populares quieren llamar al Gobierno de España como “Gobierno de la República de España” con su Presidente “Ansar” a la cabeza, rememorando los gloriosos tiempos de la visita del gobernador de Florida, el inefable Jeb Bush, hermano del actual Presidente norteamericano. Lo mismo buscan otra cosa y preferirían llamar al Gobierno de España como “Cortijo Popular”, “Gobierno de la Gente de Orden” o “Fuera los rojos”, que es lo que ellos hacen cuando están en el poder en cualquier sitio. Finalmente cabría preguntarles a los populares: ¿tanto les molesta la palabra “España”?.

La policía israelí ha desarticulado un grupo neonazi que operaba en su territorio. Han dado publicidad a sus acciones que estos salvajes grababan en vídeo. El contenido es el salvajismo e inhumanidad común a todos estos animales que dudosamente merecen el calificativo de personas. Pero lo que es noticia es que haya ocurrido esto precisamente en Israel, país fundado sobre las cenizas del Holocausto nazi.

Estas bestias detenidas, además de estar una escala bastante baja de la evolución zoológica, han demostrado menos inteligencia que los gorilas a los que imitan. Si ser neonazi y actuar como tal es un delito en todos los Estados civilizados, serlo en Israel es atentar contra uno mismo y contra la memoria de los conciudadanos. Es algo así como si el hijo de la víctima ensalzase la personalidad del asesino. Además de bestias, tontos.

Hace aproximadamente una semana los medios de comunicación, en medio de una sequía vacacional que hace publicar casi cualquier cosa, dieron una amplia cobertura al proyecto de nueva Ley de Registro Civil, propuesta por el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

El proyecto de Ley intenta evitar que se impongan a los niños nombre estrafalarios del tipo “Superman”. Los medios conservadores de nuestro país han puesto este proyecto legislativo como ejemplo de la intervención constante del gobierno venezolano en la vida cotidiana y en libertad individual de los venezolanos.

Lo que me extraña es que estos “defensores de la libertad absoluta” de los padres incluso para imponer nombres estrafalarios a los descendientes, es que no se hayan dado cuenta de que en nuestra Ley del Registro Civil existe inmemorialmente la misma disposición, concretamente el párrafo 2 del artículo 54, nada menos desde 1999 bajo el gobierno popular.

Chávez no es santo de mi devoción y me horrorizaría verlo al frente de mi país, pero no quiere decir que no pueda acertar de vez en cuando, aunque sea por casualidad. Creo que proteger la identidad de los neonatos del capricho de los padres que puedan convertirlos en objeto de burlar a lo largo de toda su vida entra dentro de lo que llamamos “interés superior del menor”. Es evidente que los padres tienen el derecho de imponer el nombre que quieran a sus hijos, pero éste no es un derecho absoluto hasta el punto de perjudicar potencialmente la consideración social de sus descendientes.

Me gustaría saber el nombre que los críticos con la medida venezolana (y de la española, aunque no lo digan). Apostaría mi patrimonio a que les otorgaron nombres comunes y generalmente tomados de algunos ascendientes. El proyecto de Ley venezolano no es ni estrafalario ni invasivo de la libertad, simplemente posibilita cierto sentido común a quién prefieren a Matt Damon o a Angelina Jolie que el futuro de sus hijos.

Hacía tiempo que no escuchaba una retransmisión de fútbol por la radio. Ayer por la noche lo hice. Después de un año sin hacerlo me sorprendió que los temas que tratan en la retransmisión, además de la entrecortada narración del encuentro, no han variado nada.

Uno de los temas favoritos de los periodistas deportivos es Raúl. Yo soy de los que opina que es un jugador sobrevalorado y que está estupendamente en las antípodas de la selección nacional. Uno de los más acérrimos defensores de Raúl, aprovechando que parecía que el jugador había recuperado algo de gol, se atrevió a reconocer que la temporada pasada éste no estaba en forma.

Recuerdo a ese mismo periodista, durante la crisis que ahora reconoce, diciendo que Raúl se encontraba en plena forma, que conservaba toda su capacidad goleadora y que, en caso de no ser cierto todo lo anterior, su historial justifica por sí mismo la presencia de este jugador en el once titular de su equipo y en las convocatorias de la selección española.

Aquí se encuentra uno de los problemas del periodismo deportivo español: no intenta ser objetivo ni para disimular. El hecho de reconocer que el jugador que se defiende no se encuentra en su mejor momento, daría ahora una mayor credibilidad a la fanfarria hagiográfica.

Aunque ya el imperativo moral de decir la verdad no signifique nada, aunque sólo fuese para que de vez en cuando se les creyese, algunos periodistas deberían reconocerlo lo evidente para todo el mundo.

Hace dos días el Presidente del Gobierno y la Ministra de la Vivienda anunciaron con gran despliegue mediático las nuevas medidas para incentivar el alquiler de vivienda. La verdad es que ni los sectores más cercanos al gobierno socialista han entusiasmado con el anuncio, dedicándole “El País” dos portadas realmente críticas.

Las medidas de la Ministra Chacón se parecen a las de la ex Ministra Trujillo, pero con dos diferencias marcadas: la primera es que las medida de Trujillo tenían que ser ganadas en una convocatoria pública en manos de las Comunidades Autónomas, mientras que las de Chacón son generales y serán gestionadas directamente por el Estado. La segunda diferencia es que las nuevas medidas incorporan una desgravación fiscal para el alquiler, que desde la Ley de 1998 había desaparecido de nuestro sistema tributario.

En todo caso, pese a sus similitudes y diferencias, ninguno de los dos planes son realmente planes generales, de fomento del alquiler, sino únicamente planes de fomento del alquiler joven, que para estas medidas son los menores de treinta años. Creo que esta es una de las grandes carencias, ya que el fomento del alquiler es una opción buena no solamente para los jóvenes, sino para la población en general y para la economía nacional (aumentando la renta disponible para ser gastada en otros sectores que no son el inmobiliario).

Lo más sorprendente no ha sido la lógica batalla política y la pluralidad de valoraciones acerca de este anuncio, sino la proliferación de “analistas” del mercado de alquiler que ha salido en defensa de los propietarios y “caseros”, indicando que los problemas del alquiler se deben fundamentalmente a que los que ponen sus casas en alquilar con unos santos y los inquilinos son unos delincuentes que ni pagan ni conservan bien las casas.

No voy a entrar a discutir que haya personas que no paguen la renta y personas que no cuiden adecuadamente las casas, pero sí me niego a creer que esto es una generalidad y mucho más voy a colaborar en mantener la imagen seráfica de los caseros. Repasemos a los caseros.

Normalmente los caseros no declaran a Hacienda los grandes ingresos que perciben al alquilar sus viviendas, por lo que las quejas sobre sus reclamaciones judiciales se deben más a la imposibilidad de acceder a ellas que al hecho de su funcionamiento, porque muchos no pueden ir a los tribunales para exigir el pago de las rentas debidas, sencillamente porque el Estado desconoce que ellos hubieran percibido esas rentas.

Las viviendas puestas en alquiler por lo general están en un estado de conservación, mantenimiento y equipamiento muy inferior a las de propiedad, siendo los precios muy semejantes a los precios de una amortización hipotecaria. Sale un inquilino, entra otro y ni siquiera se hace una limpieza general. Los caseros confunde interesadamente no cuidar la vivienda con el desgaste normal causado por el uso de las cosas. Cualquier persona sabe que en una casa siempre hay que hacer un mantenimiento de determinadas cosas, pero los caseros no lo saben y dejan las casas caerse, porque siempre podrán echarle la culpa al anterior inquilino y culpar al siguiente, con la única finalidad de quedarse con la fianza.

Los caseros se aprovechan tanto de jóvenes como de trabajadores desplazados transitoriamente para pedir mucho dinero por metro cuadrado. Saben que muchas veces los inquilinos son uno por habitación de forma que los precios suben porque no son calculados en función de zona, calidad y metros cuadrados, sino en virtud de las habitaciones que posee la vivienda.

A modo de síntesis, tengo la sospecha que la mala fama de los inquilinos, la criminalización de estos, es una “política de comunicación” de muchos caseros para mantener restringido el mercado, metiendo miedo a otros propietarios para introducir sus viviendas en el mercado y así subir el precio a placer.

El alquiler se trata políticamente de una forma incorrecta. El alquiler es una especie de mercado secundario para gente de segunda, jóvenes y pobres. No se solucionarán los problemas de este mercado, sobre todo su dimensión, hasta que socialmente el alquiler sea valorado con la misma dignidad que la propiedad (con hipoteca para toda la vida).

Dicen que miles de padres quieren presentar una “objeción de conciencia” contra la nueva asignatura “Educación para la Ciudadanía”. A la hora de la verdad, por lo visto, los objetores caben en un taxi. No me voy a referir en este momento a una cuestión de cantidad sino de cualidad, a hablar sobre la objeción de conciencia a los contenidos curriculares.

Argumentan estos señores que ellos tienen un derecho omnímodo para decidir qué pueden escuchar sus hijos y qué no, qué parte de la razón les parece conveniente y cuál no. Después de esto podrán llegar objeciones de conciencia a la enseñanza de la teoría de la evolución, la explicación de Marx o la reforma protestante.

Los padres tienen derecho a formar a sus hijos según sus principios y este derecho están consagrado constitucionalmente. Pero éste o otros derechos no son absolutos, porque la comunidad tiene algo que decir en cómo se forman sus ciudadanos, en cómo la personalidad de los que van a formar su voluntad se hacen personas.

Si aceptamos la facultad omnímoda de los padres, cuando alguno lo solicite en conciencia, deberíamos incluir en nuestros programas escolares la superioridad de una raza sobre otra, la discriminación de la mujer o la destrucción del medio ambiente.

Voy a hacer una confesión personal: soy funcionario. El cuerpo de la Administración al que pertenezco tiene una peculiaridad respecto a todos los demás cuerpos de funcionarios. Esta peculiaridad consiste en que para acceder no es necesario tener el más mínimo conocimiento jurídico, a pesar de ser del denominado “Grupo A” (ya estoy dando bastante pistas).

Como yo sí tengo alguna formación jurídica de vez en cuando me tiemblan las carnes con lo que mis compañeros y compañeras dicen sobre la actualidad jurídica que nos afecta. El otro día, en una reunión, el número dos de mi lugar de trabajo, dijo que el BOE acababa de publicar una nueva Ley dedicada a un aspecto muy específico de nuestro trabajo.

Me extrañó porque las Cortes no están en sesión, el tema no merece una norma de rango legal, pero uno ya se puede esperar cualquier cosa y un Decreto-Ley por sorpresa nunca es absolutamente descartable. De la extrañeza pasé al sopor cuando pedí la “nueva Ley” y comprobé que era una simple Orden Ministerial.

Esto, que no es otra cosa que una mera anécdota, genera problemas a la hora de determinar la norma aplicable a cada caso. De las más sencillas normas de aplicación no hay noticias, se confunde la Exposición de Motivos con el cuerpo normativo y eso del procedimiento administrativo es una entelequia que suena pero que no saben ni lo que es ni las consecuencias que tiene.

El panorama periodístico español está conmovido. El grupo “MediaPro”, que ha agrupado a diversos medios y productoras, así como a Televisa, ha lanzado un nuevo periódico de tirada nacional, denominado “Público”, que se define de izquierdas y que quiere coger la franja más a la izquierda de “El País”, así como a todos los jóvenes también de izquierda pero no tan institucionalizados como para leer el periódico oficial de la tendencia a nivel nacional.

En PRISA se han puesto nerviosos y han hecho un ejercicio de fuerza al gobierno durante la semana pasada y el inicio de ésta para que aprecie lo bueno que es tenerlo a favor y no en contra.

“El País” no puede seguir esa línea, por más que le pese a sus directivos. La población no lee para informarse, sino para leer lo que quiere leer. Y si “El País” se dedica a atacar al PSOE por sistema, no será “El País” sino “El Mundo”, medio de la derecha urbana no monárquica, con lo que el mercado está más que cubierto en ese segmento.