Reich sagrado

Richard Steigmann-Gall, El Reich sagrado. Concepciones nazis sobre el cristianismo, 1919-1945. Akal. Madrid. 2007. 350 páginas (Recensión).

Lo primero que me sorprende de este libro es lo primero que me irrita de él. Como es habitual es las publicaciones que son fruto de una tesis doctoral, en las primeras páginas se hace un recorrido sobre el decurso del investigador, sus referentes y a las diversas personas e instituciones que han hecho posible que el autor lleve a cabo su tesis por medio de las ayudas económicas y becas más variadas. Leída esta obra a uno solamente le queda la salida de admitir que hay personas con suerte y otras con menos, independientemente de los merecimientos intelectuales.

El libro quiere explorar, como dice el subtítulo, las concepciones nazis sobre el Cristianismo, pero esa pretensión empieza a deshacerse conforme las decisiones del autor no son las correctas, al optar por una exposición diacrónica, en vez de sincrónica de cada postura.

Y es en este punto donde el autor patina, tanto por el desconocimiento profundo de cuestiones teológicas, necesarias para conocer la “Lucha de la Iglesia”. Habla alegremente de la Teología liberal sin conocer la aventura histórico-crítica que le precede, habla de la “teología de los órdenes de la creación” cuando la historiografía protestante la ignoran, no entra en la complejidad de los planteamientos de Althus o von Harnack

El autor habla de Cristianismo y de sus relaciones, más diversas con el Nazismo, pero deja de lado dos cuestiones fundamentales. La más famosa, que es la “Lucha de la Iglesia” y el nacimiento de la Iglesia Confesante, que es algo que no tiene claro, ya que habla de “confesantes” en 1932, cuando no podemos hablar de “confesantes” hasta la celebración del Sínodo de Barmen, en mayo de1934.

Cuando uno cree que se va a tratar el Cristianismo, al menos la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica, de repente el autor se desvía a un estudio prácticamente centrado en la Iglesia Evangélica, dejando de un lado a la “Lucha de la Iglesia” dentro del Catolicismo, que si bien fue menos teológica, fue incluso más sufrida si nos atenemos a la desproporción entre sacerdotes católicos internados en campos de concentración y pastores protestantes. El hecho de que fuera la Iglesia Católica la que parase las prácticas eugenésicas y eutanásicas involuntarias en centros asistenciales y hospitales no merece ni un párrafo para el autor.

Es notable que una persona que ha estado hurgando en los archivos alemanes haya encontrado tan poco material novedoso. Pero es sobresaliente y penoso que los autores anglosajones se centren fundamentalmente en fuentes anglosajonas (excesivamente en la obra de Conway), pocas germánicas y de lenguas romances la ignorancia absoluta, como la también tesis doctoral de Héctor Valls.

Comenzaba diciendo lo afortunado que fue el autor de tener tantas ayudas para su tesis y los desafortunados que son otros. No lo digo porque esté resentido por el hecho de no haber tenido ayuda doctoral, porque nunca he solicitado, sino porque un trabajo parecido realicé yo mismo, en cuatro meses, sin viajes y estrujando libros que iba recolectando por una decena de bibliotecas universitarias madrileñas. Espero que se lo haya pasado bien conociendo Alemania, porque el tema lo deja deshilvanado y en ocasiones de forma contradictoria (cuestión del cristianismo positivo, la Iglesia Confesante, el devenir del Protestantismo, las cuestiones de fondo del debate teológico y poca comprensión del desorden orgánico que fue el monstruoso régimen nazi).

De película de Almodovar

Después que determinados acontecimientos de la última semana merecieron el calificativo de “almodovariano”. Almodovar ha hecho en nuestro tiempo lo que Valle-Inclán propuso para el teatro: hacer del esperpento el hilo fundamental de la descripción de la sociedad española.

Muchas veces las escenas que aparecen en las películas de Almodóvar nos parecen exagerado, lo marginal dotado de normalidad. Pero el hecho de que continuamente muchos vivimos escenas que encajarían en las películas de Almodovar y que así lo reconozcamos en nuestras conversaciones cotidianas, demuestra que Almodovar no describe lo marginal dotado de normalidad, sino la normalidad que pensamos que es marginal pero que nunca logramos ocultar del todo. El cine de Almodovar es realismo, puro realismo.

Los inductores (autores intelectuales) no son necesarios

¿Todo crimen necesita de un inductor, de un autor intelectual en la jerga de los ignorantes que las quieren dar de entendidos? La respuesta es sencilla, no. Los miles de delitos que lamentablemente se cometen todos los días normalmente solamente tienen autor material y no inductor, ni cooperador necesario.

Internet fue una creación de origen militar, que buscaba solucionar el problema que generaban los sistemas informáticos rígidos y piramidales, en los que la supresión del servidor central hacía caer toda la red. La primigenia Internet, y la actual, es un sistema en el que ningún servidor es central, de forma que la caída de uno de ellos lo único que provocará es que la información busque un nuevo camino en la tela de araña que es Internet.

¿Por qué he contado esto? Porque metafóricamente en este mismo sentido se han desarrollado las organización y las redes terroristas. Las organizaciones clásicas, como ETA, son piramidales, de manera que la detención de un grupo de alto rango, suprime la organización o buena parte de ella. Las organizaciones terroristas del siglo XXI realmente no son organizaciones, sino que son redes, en la que las conexiones son dispersas y en las que cada componente se encuentra en un rango equivalente, pudiendo actuar autónomamente, sin necesidad de órdenes o comunicaciones, y en las que la supresión de una de sus unidades sólo permite que caiga esa unidad, ya que cada componente de la red existe, se financia y actúa independientemente del resto de la red, con la que mantiene relaciones líquidas, llegando a desconocer la existencia de buena parte de la red a la que pertenece.

El terrorismo del siglo XXI no precisa de autores intelectuales, de personas que den la orden, porque son los autores materiales quiénes gozan de la capacidad y autonomía para planear y realizar los criminales atentados, ya que ellos se financian también autónomamente. El terrorismo del siglo XXI es más peligroso porque no es que haya una gran organización, ni “Al-Qaeda” lo es, sino una red difusa en sus intenciones y absolutamente autónoma en las acciones de cada uno de sus componentes, por ello cuando se acaba con un elemento de la red hay que ir al siguiente, porque de uno no iremos a otro, sencillamente porque los unos ignoran la existencia de los otros y solamente tienen vínculos endebles con algunos enlaces, que conocen únicamente a una parte mínima de la red.

Corrupción para todos

Una dictadura hecha régimen, como fue el Franquismo, tuvo un absoluto control de los medios de comunicación, de forma que cualquier información que pudiera afectarle y perjudicarle era hurtada a los ciudadanos o súbditos, quedándose en el mejor de los casos circunscrita al rumor entre los más enterados. 

Los casos de corrupción que salieron a la luz pública fueron una operación medida, para dar un pequeño escarmiento y dar a entender a la opinión pública silenciada que el régimen no toleraba determinadas conductas que realmente eran características en el Franquismo.

El Franquismo toleraba todo tipo de corruptelas en todos los escalafones, para tener a todo el mundo cogido y que las grandes corrupciones que enriquecieron a las altas jerarquías no pudieran ni ser denunciadas y es más pudieran ser comprendidas como un ejercicio de lo mismo pero en el grado correspondiente a un grado superior. Existían constantes enchufes, “oposiciones” restringidas, la condescendencia con el mercado negro, tratos de favor, remuneraciones bajas y discrecionales, absoluta capacidad de litigiosidad y demás desviaciones.

La tolerancia con las corruptelas de todos, con las debilidades de cada uno de los que formaban parte del engranaje del régimen, para que el miedo por las faltas propias enervase toda tentación y deseo de enmendar las faltas ajenas. Esa corrupción se ha mantenido en el rumor, en el comentario o en la constatación de lo rápido que crecían determinados patrimonios en un país depauperado, quedando pendiente la investigación seria sobre este asunto.

Ramoncín

No puedo con Ramoncín. Nada me gusta de él, ni su casi olvidada música (porque este chico era cantante o al menos eso decía). Pero lo que entra en la dimensión de lo inaguantable, lo mismo para mí, es que opine de todo, de que hable de cualquier cosa con una autoridad que ni los seres que más le quieren le pueden otorgar. Me destroza que quiera representar a los progresistas españoles, porque su autoproclamada representación nos denigra a los demás. Sobre el tema de la SGAE hay otros muchos que han opinado más oportunamente que yo, con más acierto e ingenio.

La desgracia del crítico

Confieso que casi lo único que veo en la televisión es el programa “Sé lo que hicisteis” (en “La Sexta”). Lo paso en grande, sobre todo en la sección que encabeza Ángel Martín. El trabajo de los presentadores es bueno, pero el realmente valioso creo que es el de los documentalistas y guionistas.

A pesar de que me guste, me he dado cuenta de que “Sé lo que hicisteis” vive de la telebasura que critica, de forma que la propia existencia del programa depende de la existencia de la telebasura. Ojalá desapareciese la telebasura de nuestras parrillas y que “Sé lo que hicisteis” tuviera que transformarse en un programa de crítica televisiva, que es algo de lo que carecemos absolutamente en nuestro país.

La princesa del pueblo

La difunta Princesa de Gales, conocida como Lady Di, ha recibido de la prensa británica el apelativo de “la princesa del pueblo”. Siempre me ha revuelto un poco este sobrenombre y hoy voy a decir el porqué.

En primer lugar porque una princesa nunca es del pueblo, ya que la propia naturaleza de la realeza posiciona en un plano superior a una familia, una superioridad precisamente sobre el pueblo. O se es princesa, o se es del pueblo, pero ambas cosas se excluyen. Y en el caso de Diana Spencer no es admisible decir siquiera que procedía del pueblo, porque era hijo de un noble titulado y hermana de otro noble titulado.

En segundo lugar, una cosa es decir que es señora era “popular” gracias al favor que los medios de comunicación le dispensaban y otra es dar a entender que el pueblo le interesaba algo. Diana Spencer, como Princesa de Gales, se dedicó a los clásicos actos de caridad que las señoras de la realeza, de la nobleza o de la burguesía protagonizan para tener protagonismo y llenar sus vacías horas.

Esta señora fue una princesa de lo más corriente, más bien anticuada. Eso sí, con una cobertura mediática que hacía extraordinario cualquier hecho, aunque fuese una recepción de gala o una visita oficial a un país extranjero. No fue “la princesa del pueblo”, sino que se creó, con la legión de lectores de revistas del corazón, “un pueblo para la princesa”.

Los cargos que más molan a los políticos

La ambición forma parte de la vida política desde que se organizaron las prístinas comunidades humanas. Es evidente que el deseo de hacerse con un cargo es connatural a la vida de lo que llamamos un “político”. Un gravísimo error es considerar que todos tienen el mismo tipo de ambiciones, esto es, que todos los políticos anhelan y buscan los mismos cargos. Esto es así en los cargos realmente atractivos, como es la Presidencia o un Ministerio, pero no en los de nivel un poco inferior.

Los políticos con más ambiciones no son precisamente aquellos que buscan una concejalía o un cargo que les dé notoriedad. Al contrario, los políticos con la ambición más álgida y mayor inteligencia procuran construir su carrera sobre puestos con poca notoriedad pero con mucho poder, para hacerse con resortes políticos sin tener que sufrir el continuo escrutinio público. Esto es lo que mola a los políticos: poder y anonimato, porque quién es desconocido para el gran público no corre el peligro de quedarse y siempre está en disposición de ascender a las cuotas más altas como una estrella invitada que llega a cerrar la gala por sorpresa.

¿Qué ejemplos podemos poner para ilustrar los cargos molones? Hagamos una relación, que ni mucho ni menos puede ser ni pormenorizada ni exhaustiva: las subdirecciones generales todas valen, las vicepresidencias de las diputaciones, las asesorías personales de altos cargos, los consejos de administración de las sociedades públicas o puestos directivos en la administración institucional. Tres son las variables que hacen que un sueldo sea más molón que otro: altura en la jerarquía administrativa y consiguiente poder e influencia, salario directo como en dietas y opacidad para los medios de comunicación (el ideal es que ni sepan que el cargo existe).

España es un país que paradójicamente premia más al político escondido que al político que gana elecciones. Por ejemplo, en los Estados Unidos ninguno de los dos grandes partidos hubieran presentado como candidatos ni a Mariano Rajoy ni a Rodríguez Zapatero; el primero no ha ganado nunca nada como cabeza de lista y todos los puestos que ha tenido, incluso la nominación como candidato, han sido por designación directa; el otro estaba especializado en perder elecciones como secretario del PSOE en León, aunque sí tuvo el mérito de ganar a tres candidatos más en un Congreso de un partido tan complejo como es el Partido Socialista.

La política electoral norteamericana tiene aspectos pocos brillantes como son su manía por descubrir cualquier historia sexual de los candidatos o un sistema de financiación de las campañas que tiene agujeros que nadie quiere reparar, pero también tiene virtudes como es preferir a aquel que ha sido alcalde, gobernador y senador a un personaje gris, que toda su trayectoria política ha dependido de la elección directa del “stablishment” del partido correspondiente.

Y es que en nuestro país se confunde mérito y capacidad con cargos opacos para todos y de elección directa. Un político tiene que demostrar o haber demostrado que es bueno para dirigir un gobierno del nivel que sea, porque la capacidad técnica la han de tener los funcionarios a su servicio y es allí donde nunca debería meterse.

Las diputaciones provinciales

La creación de las diputaciones provinciales fue obra de la Constitución Española de 1812. Su historia inicial fue tan tormentosa como la del texto constitucional que las instauró y se convirtió en una parte del programa liberal. La idea original de las diputaciones era la de otorgar cierta autonomía administrativa al nuevo ente territorial: la provincia.

Hasta la definitiva distribución provincial de Juan de Burgos las diputaciones no se consolidaron, aunque continuaron las tensiones entre quiénes pensaban que eran entes autónomos y quiénes consideraban que constituían parte de lo que hoy denominaríamos la “Administración periférica del Estado”.

Parece que nadie pensó en serio qué hacer con las diputaciones provinciales en el momento de redactar la vigente Constitución, como tampoco no se tuvo en cuenta la capacidad expansiva del sistema autonómico que la Constitución preveía. Dado que la mente de los constituyentes no pensaba que todo el territorio nacional fuera a acceder a la autonomía política, ideada solamente para zonas muy concretas.

La consecuencia de esa imprevisión es que las diputaciones provinciales, concebidas como ente local, se han quedado en una especie de tierra de nadie, política y competencialmente. A eso le añadimos que las diputaciones se encuentran sometidas, en cuanto a su regulación legal, tanto a la legislación del Estado en materia local como a la legislación de desarrollo de las distintas comunidades autónomas. El resultado es que junto a la Ley reguladora de las bases del régimen local, el Texto refundido de normas legales vigentes en materia local y a los numerosos reglamentos estatales aplicables, con el inefable Reglamento de servicios de las corporaciones locales a la cabeza, tenemos también la participación de legislación autonómica en materia de administración local, es decir, municipios y diputaciones, además de la nueva generación de nuevos entes intermedios que desafían a la imaginación administrativista más calenturienta.

Las comunidades autónomas son gobiernos y administraciones relativamente nuevas, que quieren consolidar su terreno y ampliarlo todo lo que les sea posible. Y allí, perdidas en tierra de nadie se encuentran las diputaciones provinciales, con mucha dificultad para justificar políticamente su existencia, cuando el espacio de ente intermedio entre el municipio y el Estado ya está ocupado por las autonomías, con una legitimidad democrática mayor que la que proporciona la elección indirecta de las diputaciones. La consecuencia es que el Tribunal Constitucional ha tenido que pronunciarse ya en varias ocasiones sobre leyes autonómicas reguladores de la función local en cuanto afectaban sustancialmente a las competencias de las diputaciones.

Incluso en las Comunidades Autónomas en las que no se ha tocado la regulación estatal de las diputaciones, la ciudadanía se pregunta una y otra vez para qué sirven las diputaciones, exceptuando el palpable hecho de que se proporciona mucho empleo público y altos cargos de esos que molan a los políticos (lo mismo mañana hablo de eso).

La existencia de una administración, por más territorial que sea, tiene que ser suficientemente justificada. El mero hecho de que las diputaciones existan no sirve de argumento suficiente a la hora de mantenerlas. Por sorprendente que parezca la posición del Tribunal Constitucional ha sido ésta, por más que hayan querido disfrazarlo la posición del Tribunal ha sido la siguiente: ya que las diputaciones existen, hay que buscarle una justificación constitucional que las hagan necesarias.

El Tribunal Constitucional, en repetidas sentencias (por ejemplo las SSTC 32/81, 27/87 o 109/98), ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la situación constitucional de las diputaciones. Ha mantenido lo que podríamos denominar “explicación ontológica” que puede enunciarse diciendo que todo lo que existe es necesariamente constitucional por el mero hecho de existir, incluyendo una necesidad constitucional, por lo que no puede ser eliminado.

El Tribunal Constitucional ha recurrido a la oxidada teoría de la garantía institucional, del jurista alemán Carl Schmitt, al mantener que aunque en la Constitución no haya una mención expresa de las diputaciones las provincias son más que meras circunscripciones electoral (u otras menciones en el texto), por lo que debe haber una administración en ese territorio. Cabría preguntarle a nuestro alto Tribunal por los motivos de recurrir a una teoría propia de una Constitución, la Reichsverfassung, que no contemplaba el control judicial de constitucionalidad de los actos con rango legal, cuando nosotros sí nos encontramos dentro de un ordenamiento jurídico que no sólo tiene previsto este control, sino que además el control es centralizado.

Lo más sorprendente de todo y que demuestra la inconsistencia de la “explicación ontológica” es que el Tribunal termina adoptando la “explicación teleológica” después de solemnes proclamas de la necesidad (y consecuente ineludibilidad) de las diputaciones provinciales. La “explicación teleológica” en puridad consiste en justificar la existencia de una administración en función de las competencias que tiene atribuidas y de la mayor idoneidad de esa administración para la eficaz ejecución de sus competencias.

En principio la “explicación ontológica” no necesita de la “teleológica”, ya que la propia naturaleza administrativa de la administración conlleva unas competencias inherentes que no necesitan ser explicitadas, aunque sí deban ser concretadas normativamente. En el caso de las diputaciones provinciales no pasa esto, sino que a pesar de la indubitable existencia y la rebuscada garantía que el Tribunal Constitucional coloca en torno a las corporaciones provinciales, no es capaz de mostrar lo evidente: las competencias inherentes a una administración necesaria.

El Tribunal se conforma con exigir un mínimo de competencias sin poder siquiera trazar unos difusos límites generales. Sobre lo que el Constitucional pasa por alto es lo que en Filosofía de la Ciencia se llama contraejemplo a una teoría científica, que es la eliminación de las administraciones provinciales en las comunidades autónomas uniprovinciales, asumiendo la Comunidad todas las funciones de las diputaciones, incluso el mínimo con garantía institucional. ¿No se violaría en el caso de las comunidades uniprovinciales la garantía institucional proclama en la jurisprudencia constitucional? Si algo es necesario y por tanto ineludible, en consecuencia debería estar presente incluso en las comunidades uniprovinciales.

Finalmente, otra pregunta retórica, si las diputaciones provinciales son necesarias, y en consecuencia ineludibles, ¿por qué hay partes del territorio nacional (las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) que no se encuentran encuadradas en ninguna provincia y no están bajo el amparo de ninguna diputación provincial.

El Tribunal Constitucional en su intento de imposibilitar a las comunidades autónomas la posibilidad de vaciar de competencias a las diputaciones, lo que ha conseguido es imposibilitar que el Estado pueda suprimirlas sin pasar por una reforma constitucional que desarticule esa garantía “ad hoc” que los magistrados vieron en el texto constitucional, pero que los demás aún no hemos conseguido encontrar.

El planteamiento ontológico siempre fracasa cuando quiere aplicarse fuera del plano de un estado dotado de soberanía, ya que las competencias soberanas están lo suficientemente definidas. Tanto en el plano de la administración territorial infraestatal como en el de la administración institucional o instrumental la única explicación que justifique la existencia de una administración es la “explicación teleológica”.

Las diputaciones provinciales no tienen ni las competencias suficientes, inherentes o atribuidas, que justifiquen la existencia de las corporaciones provinciales. Las obras en localidades de la provincia, el mantenimiento de determinadas instituciones o la promoción de actividades locales pueden ser desarrolladas con igual o mayor efectividad por las administraciones autonómicas correspondientes. Habrá quién diga que las autonomías pudieron no establecer una administración periférica y servirse de las diputaciones provinciales, pero creo que la ejecución de una política debe estar en manos de la misma legitimidad que la autoriza, asunto que no se garantiza en el caso de las diputaciones.

No sé si será mucho, pero creo que todos los españoles podríamos ahorrarnos un buen dinero si elimináramos las diputaciones provinciales de la faz de nuestro país. Los funcionarios habría que recolocarlos, pero desaparecerían cientos o miles de altos cargos e inversiones costosas si se comparan con sus resultados. De camino se podrían vender o transferir extensas propiedades de estas corporaciones para que las administraciones que se dedican a las cosas importantes, como la sanidad o la educación, puedan “hacer caja” o patrimonializar, que nunca está de más.

La guerra de los medios

El panorama periodístico español está conmovido. El grupo “MediaPro”, que ha agrupado a diversos medios y productoras, así como a Televisa, ha lanzado un nuevo periódico de tirada nacional, denominado “Público”, que se define de izquierdas y que quiere coger la franja más a la izquierda de “El País”, así como a todos los jóvenes también de izquierda pero no tan institucionalizados como para leer el periódico oficial de la tendencia a nivel nacional.

En PRISA se han puesto nerviosos y han hecho un ejercicio de fuerza al gobierno durante la semana pasada y el inicio de ésta para que aprecie lo bueno que es tenerlo a favor y no en contra.

“El País” no puede seguir esa línea, por más que le pese a sus directivos. La población no lee para informarse, sino para leer lo que quiere leer. Y si “El País” se dedica a atacar al PSOE por sistema, no será “El País” sino “El Mundo”, medio de la derecha urbana no monárquica, con lo que el mercado está más que cubierto en ese segmento.

Ignorancia jurídica

Voy a hacer una confesión personal: soy funcionario. El cuerpo de la Administración al que pertenezco tiene una peculiaridad respecto a todos los demás cuerpos de funcionarios. Esta peculiaridad consiste en que para acceder no es necesario tener el más mínimo conocimiento jurídico, a pesar de ser del denominado “Grupo A” (ya estoy dando bastante pistas).

Como yo sí tengo alguna formación jurídica de vez en cuando me tiemblan las carnes con lo que mis compañeros y compañeras dicen sobre la actualidad jurídica que nos afecta. El otro día, en una reunión, el número dos de mi lugar de trabajo, dijo que el BOE acababa de publicar una nueva Ley dedicada a un aspecto muy específico de nuestro trabajo.

Me extrañó porque las Cortes no están en sesión, el tema no merece una norma de rango legal, pero uno ya se puede esperar cualquier cosa y un Decreto-Ley por sorpresa nunca es absolutamente descartable. De la extrañeza pasé al sopor cuando pedí la “nueva Ley” y comprobé que era una simple Orden Ministerial.

Esto, que no es otra cosa que una mera anécdota, genera problemas a la hora de determinar la norma aplicable a cada caso. De las más sencillas normas de aplicación no hay noticias, se confunde la Exposición de Motivos con el cuerpo normativo y eso del procedimiento administrativo es una entelequia que suena pero que no saben ni lo que es ni las consecuencias que tiene.

 

Puestos a objetar

Dicen que miles de padres quieren presentar una “objeción de conciencia” contra la nueva asignatura “Educación para la Ciudadanía”. A la hora de la verdad, por lo visto, los objetores caben en un taxi. No me voy a referir en este momento a una cuestión de cantidad sino de cualidad, a hablar sobre la objeción de conciencia a los contenidos curriculares.

Argumentan estos señores que ellos tienen un derecho omnímodo para decidir qué pueden escuchar sus hijos y qué no, qué parte de la razón les parece conveniente y cuál no. Después de esto podrán llegar objeciones de conciencia a la enseñanza de la teoría de la evolución, la explicación de Marx o la reforma protestante.

Los padres tienen derecho a formar a sus hijos según sus principios y este derecho están consagrado constitucionalmente. Pero éste o otros derechos no son absolutos, porque la comunidad tiene algo que decir en cómo se forman sus ciudadanos, en cómo la personalidad de los que van a formar su voluntad se hacen personas.

Si aceptamos la facultad omnímoda de los padres, cuando alguno lo solicite en conciencia, deberíamos incluir en nuestros programas escolares la superioridad de una raza sobre otra, la discriminación de la mujer o la destrucción del medio ambiente.

La verdadera cara de los caseros

Hace dos días el Presidente del Gobierno y la Ministra de la Vivienda anunciaron con gran despliegue mediático las nuevas medidas para incentivar el alquiler de vivienda. La verdad es que ni los sectores más cercanos al gobierno socialista han entusiasmado con el anuncio, dedicándole “El País” dos portadas realmente críticas.

Las medidas de la Ministra Chacón se parecen a las de la ex Ministra Trujillo, pero con dos diferencias marcadas: la primera es que las medida de Trujillo tenían que ser ganadas en una convocatoria pública en manos de las Comunidades Autónomas, mientras que las de Chacón son generales y serán gestionadas directamente por el Estado. La segunda diferencia es que las nuevas medidas incorporan una desgravación fiscal para el alquiler, que desde la Ley de 1998 había desaparecido de nuestro sistema tributario.

En todo caso, pese a sus similitudes y diferencias, ninguno de los dos planes son realmente planes generales, de fomento del alquiler, sino únicamente planes de fomento del alquiler joven, que para estas medidas son los menores de treinta años. Creo que esta es una de las grandes carencias, ya que el fomento del alquiler es una opción buena no solamente para los jóvenes, sino para la población en general y para la economía nacional (aumentando la renta disponible para ser gastada en otros sectores que no son el inmobiliario).

Lo más sorprendente no ha sido la lógica batalla política y la pluralidad de valoraciones acerca de este anuncio, sino la proliferación de “analistas” del mercado de alquiler que ha salido en defensa de los propietarios y “caseros”, indicando que los problemas del alquiler se deben fundamentalmente a que los que ponen sus casas en alquilar con unos santos y los inquilinos son unos delincuentes que ni pagan ni conservan bien las casas.

No voy a entrar a discutir que haya personas que no paguen la renta y personas que no cuiden adecuadamente las casas, pero sí me niego a creer que esto es una generalidad y mucho más voy a colaborar en mantener la imagen seráfica de los caseros. Repasemos a los caseros.

Normalmente los caseros no declaran a Hacienda los grandes ingresos que perciben al alquilar sus viviendas, por lo que las quejas sobre sus reclamaciones judiciales se deben más a la imposibilidad de acceder a ellas que al hecho de su funcionamiento, porque muchos no pueden ir a los tribunales para exigir el pago de las rentas debidas, sencillamente porque el Estado desconoce que ellos hubieran percibido esas rentas.

Las viviendas puestas en alquiler por lo general están en un estado de conservación, mantenimiento y equipamiento muy inferior a las de propiedad, siendo los precios muy semejantes a los precios de una amortización hipotecaria. Sale un inquilino, entra otro y ni siquiera se hace una limpieza general. Los caseros confunde interesadamente no cuidar la vivienda con el desgaste normal causado por el uso de las cosas. Cualquier persona sabe que en una casa siempre hay que hacer un mantenimiento de determinadas cosas, pero los caseros no lo saben y dejan las casas caerse, porque siempre podrán echarle la culpa al anterior inquilino y culpar al siguiente, con la única finalidad de quedarse con la fianza.

Los caseros se aprovechan tanto de jóvenes como de trabajadores desplazados transitoriamente para pedir mucho dinero por metro cuadrado. Saben que muchas veces los inquilinos son uno por habitación de forma que los precios suben porque no son calculados en función de zona, calidad y metros cuadrados, sino en virtud de las habitaciones que posee la vivienda.

A modo de síntesis, tengo la sospecha que la mala fama de los inquilinos, la criminalización de estos, es una “política de comunicación” de muchos caseros para mantener restringido el mercado, metiendo miedo a otros propietarios para introducir sus viviendas en el mercado y así subir el precio a placer.

El alquiler se trata políticamente de una forma incorrecta. El alquiler es una especie de mercado secundario para gente de segunda, jóvenes y pobres. No se solucionarán los problemas de este mercado, sobre todo su dimensión, hasta que socialmente el alquiler sea valorado con la misma dignidad que la propiedad (con hipoteca para toda la vida).

Raúl y el periodismo

Hacía tiempo que no escuchaba una retransmisión de fútbol por la radio. Ayer por la noche lo hice. Después de un año sin hacerlo me sorprendió que los temas que tratan en la retransmisión, además de la entrecortada narración del encuentro, no han variado nada.

Uno de los temas favoritos de los periodistas deportivos es Raúl. Yo soy de los que opina que es un jugador sobrevalorado y que está estupendamente en las antípodas de la selección nacional. Uno de los más acérrimos defensores de Raúl, aprovechando que parecía que el jugador había recuperado algo de gol, se atrevió a reconocer que la temporada pasada éste no estaba en forma.

Recuerdo a ese mismo periodista, durante la crisis que ahora reconoce, diciendo que Raúl se encontraba en plena forma, que conservaba toda su capacidad goleadora y que, en caso de no ser cierto todo lo anterior, su historial justifica por sí mismo la presencia de este jugador en el once titular de su equipo y en las convocatorias de la selección española.

Aquí se encuentra uno de los problemas del periodismo deportivo español: no intenta ser objetivo ni para disimular. El hecho de reconocer que el jugador que se defiende no se encuentra en su mejor momento, daría ahora una mayor credibilidad a la fanfarria hagiográfica.

Aunque ya el imperativo moral de decir la verdad no signifique nada, aunque sólo fuese para que de vez en cuando se les creyese, algunos periodistas deberían reconocerlo lo evidente para todo el mundo.

Parar los nombres estrafalarios en Venezuela

Hace aproximadamente una semana los medios de comunicación, en medio de una sequía vacacional que hace publicar casi cualquier cosa, dieron una amplia cobertura al proyecto de nueva Ley de Registro Civil, propuesta por el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

El proyecto de Ley intenta evitar que se impongan a los niños nombre estrafalarios del tipo “Superman”. Los medios conservadores de nuestro país han puesto este proyecto legislativo como ejemplo de la intervención constante del gobierno venezolano en la vida cotidiana y en libertad individual de los venezolanos.

Lo que me extraña es que estos “defensores de la libertad absoluta” de los padres incluso para imponer nombres estrafalarios a los descendientes, es que no se hayan dado cuenta de que en nuestra Ley del Registro Civil existe inmemorialmente la misma disposición, concretamente el párrafo 2 del artículo 54, nada menos desde 1999 bajo el gobierno popular.

Chávez no es santo de mi devoción y me horrorizaría verlo al frente de mi país, pero no quiere decir que no pueda acertar de vez en cuando, aunque sea por casualidad. Creo que proteger la identidad de los neonatos del capricho de los padres que puedan convertirlos en objeto de burlar a lo largo de toda su vida entra dentro de lo que llamamos “interés superior del menor”. Es evidente que los padres tienen el derecho de imponer el nombre que quieran a sus hijos, pero éste no es un derecho absoluto hasta el punto de perjudicar potencialmente la consideración social de sus descendientes.

Me gustaría saber el nombre que los críticos con la medida venezolana (y de la española, aunque no lo digan). Apostaría mi patrimonio a que les otorgaron nombres comunes y generalmente tomados de algunos ascendientes. El proyecto de Ley venezolano no es ni estrafalario ni invasivo de la libertad, simplemente posibilita cierto sentido común a quién prefieren a Matt Damon o a Angelina Jolie que el futuro de sus hijos.

Neonazis israelíes

La policía israelí ha desarticulado un grupo neonazi que operaba en su territorio. Han dado publicidad a sus acciones que estos salvajes grababan en vídeo. El contenido es el salvajismo e inhumanidad común a todos estos animales que dudosamente merecen el calificativo de personas. Pero lo que es noticia es que haya ocurrido esto precisamente en Israel, país fundado sobre las cenizas del Holocausto nazi.

Estas bestias detenidas, además de estar una escala bastante baja de la evolución zoológica, han demostrado menos inteligencia que los gorilas a los que imitan. Si ser neonazi y actuar como tal es un delito en todos los Estados civilizados, serlo en Israel es atentar contra uno mismo y contra la memoria de los conciudadanos. Es algo así como si el hijo de la víctima ensalzase la personalidad del asesino. Además de bestias, tontos.

¿Por qué llamar "Gobierno de España" al Gobierno de España?

¿Por qué llamar “Gobierno de España” al Gobierno de España? Ésta es la estúpida pregunta que el portavoz del PP en el Senado va a hacerle al Presidente del Gobierno en la sesión de control de esta semana. Él quiere decir que el lema utilizado en la publicidad institucional es reiterativo, porque efectivamente el Gobierno de España es el “Gobierno de España” y parece, en opinión de los populares, que el Presidente lo ha descubierto ahora.

Lo que sí uno tiene la impresión de que durante los ocho años de gobierno popular, la unificación de la publicidad institucional no mencionaba ni “gobierno”, ni “España”, sino una abstracción tal como “Administración General del Estado” (en siglas, AGE). Durante la presidencia de Aznar no había gobierno, sino una cosa como la AGE que nadie sabía qué era.

Si al portavoz popular le parece tan mal llamar “Gobierno de España” al Gobierno de España, puede plantear esa misma pregunta en el Ayuntamiento de Madrid, que se denomina “Ayuntamiento de Madrid”, en las Cortes aragonesas, pues el Gobierno de Aragón” se autodenomina siniestramente como “Gobierno de Aragón”. Pueden presentar miles de preguntas en todos los municipios del país y en todas las comunidades autónomas, porque todas estas administraciones se llaman a sí mismo con el topónimo de su territorio.

Puede que realmente los populares quieren llamar al Gobierno de España como “Gobierno de la República de España” con su Presidente “Ansar” a la cabeza, rememorando los gloriosos tiempos de la visita del gobernador de Florida, el inefable Jeb Bush, hermano del actual Presidente norteamericano. Lo mismo buscan otra cosa y preferirían llamar al Gobierno de España como “Cortijo Popular”, “Gobierno de la Gente de Orden” o “Fuera los rojos”, que es lo que ellos hacen cuando están en el poder en cualquier sitio. Finalmente cabría preguntarles a los populares: ¿tanto les molesta la palabra “España”?.

Rosa Regás

La última semana de agosto ha tenido una noticia dominante en el plano político y cultural: la dimisión de Rosa Regás como directora de la Biblioteca Nacional. Creo que el nombramiento de esta señora fue una de las peores decisiones del Gobierno de Zapatero cuando comenzó su gestión.

En nuestro país se confunde al intelectual con el escritor y se piensa que un escritor es una especie de sabio que sabe de todo, cuando su mérito generalmente es expresar lo que realmente nunca ha existido. La consecuencia es que diferentes gobiernos han puesto a especialistas en la ficción a gestionar algo tan real como es la Biblioteca Nacional (como también fue el caso de Luis Alberto de Cuenca con el PP).

Por otro lado Rosa Regás representa una forma de izquierda de la que me encuentro muy distante. Una izquierda que no es una ideología o pensamiento para la mayoría, sino para determinadas minorías y que nunca cuestiona el “status quo”, porque sus sostenedores son unos de los que se benefician de ese sistema.

El nuevo ministro de Cultura se dijo a Regás que en tres años no había hecho nada y posiblemente esto haya sido cierto, pues un ministro suele tener buena información sobre su departamento. Todo ello se ha unido a la pérdida de determinado material de bastante valor patrimonial en las propias salas de la Biblioteca. Regás se ha intentado disculpar diciendo que eso ha pasado antes y también sucede en otras bibliotecas similares, pero esto es además un reconocimiento del hecho también es de la incompetencia, porque cuando se nombra a alguien para un puesto es para que las cosas mejoren respecto al pasado, no para que todo siga igual, y para tomar lo mejor de otros lugares, no su indolencia respecto al robo de material.

Regás debe darse cuenta de que la política no es escribir contra el adversario, ya que cuando se ha dejado la oposición hay que hacer infinidad de cosas, en cada una de las áreas de la Administración. Política no es decir solamente que la derecha es malísima y herederos del Franquismo, sino que hay que demostrar que la otra opción es mejor gestora, beneficia a la mayoría y es preferible a la hora de las elecciones, incluso cuando se esté entre millones de libros y millares de investigadores.

Vuelve Geografía Subjetiva

Ya ha pasado el verano. Al menos el verano vacacional, que no el meteorológico. Volvemos todos a donde estamos, queramos o no. Volvemos a construir Internet con nuestras opiniones.

Licencia vacacional

Dado que es agosto y la actividad es poca, voy a reconcentrarme sobre mí, a leer, ver películas pendientes y charlar con los amigos. Nos volvemos a ver a finales de este mes o a comienzos del mes de septiembre.