La artificial polémica que han montado los obispos en torno a la asignatura de “Educación para la Ciudadanía” (EpC) está empezando a tener efectos inesperados entre las filas del Catolicismo español. El episcopado ha instado a los padres a realizar una tontería (a la que se atreven a llamar “objeción de conciencia”).
Había un sector silencioso, que son las congregaciones y órdenes religiosas que son propietarias de los colegios y que tienen una larga experiencia en salir airosas de varias reformas educativas y de las orientaciones políticas más diversas. La FERE, que agrupan a casi toda la patronal de la enseñanza religiosa, ha indicado que dado que ellos son indudablemente católicos y que la asignatura permite es flexible (una favor de decir que no es ideológica, sin decirlo) ellos van a ofertar esta materia obligatoria a sus alumnos. Teniendo más experiencia en la vida cotidiana que los señores obispos, indican que todo ese conjunto de argumentos episcopales contra EpC puede ser empleado para objetar contra la “Religión católica”, incluso dentro de centros confesionales.
Los obispos, que dependen de la patronal, para tener un poco de éxito en esta aventura a costa del alumnado, han interpretado esto como una puñalada por la espalda y han lanzada a la siempre servil COMCAPA para atacar a los propietarios de los centros en los que estudian sus hijos.
Cuando la polémica interna se ha profundizado, se empieza a ver claramente que la batalla por la dominación interna de la educación católica está en el fondo de esta diatriba.
La COMCAPA, con serios problemas de representatividad real, reclama la gestión del dinero de los conciertos educativos, es decir, que los “padres católicos” sean los que controlen las cuentas y con ellos a los propietarios de los centros educativos.
Los obispos dicen que realmente los centros no son ni autónomos ni primariamente educativos, sino extensiones de las vacías y desoladas parroquias que pueblan la geografía patria. Hay que adoctrinar a los alumnos en los colegios, ya que a la parroquia no va nadie.
Los propietarios de los centros docentes, casi todos congregaciones y órdenes religiosas, están acostumbrados a soportar la ambición episcopal sobre sus centros y el deseo, normalmente disimulado, que tienen los obispos de convertirse en los directores provinciales de todos los centros católicos y encargarse de lo que a ellos les importa verdaderamente: gestión de los recursos económicos de los conciertos, administración de las propiedades anejas a los centros y la contratación del profesorado.
Las órdenes y congregaciones saben que ellos tienen dos recursos que siempre temen los obispos españoles. El primer recurso es sencillo y consiste en que todas (o casi) tienen estatuto de Derecho Pontificio, lo cual, a pesar de cierta separación competencial en materias pastorales, puede ocasionar desvelos a los obispos. El segundo es obvia: cualquier obispo de una diócesis española tiene dificultades para acceder a las instancias vaticanas para quejarse de esta o aquella orden en su territorio, mientras que las órdenes y congregaciones tienen normal en Roma sus sedes centrales y personal en constante contacto con los diferentes Dicasterios romanos, si no ocupando cargos directivos en la Santa Sede.
Al final la crisis de valores morales que era EpC, está manifestando la verdadera y grave crisis de valores dentro del Catolicismo, porque ahora, con la excusa de EpC, están tratando de hacerse con cuotas de poder, acceso directo a la feligresía, propiedades y capacidad para administrar dinero, que nunca hemos de olvidar que es dinero público.
